La Organización Internacional del Trabajo este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, plantea centrar las preocupaciones del mundo del trabajo bajo la temática de las Repercusiones del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. Cita el aumento o aparición de diversas exposiciones a riesgos y daños de diversos colectivos laborales como el estrés térmico, la radiación UV, la contaminación atmosférica, los accidentes industriales graves, los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de las enfermedades transmitidas por insectos y parásitos y la mayor exposición a productos agroquímicos.
En el año 2022 el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra presentó un pequeño estudio sobre el riesgo de estrés térmico tras visitar más de cien empresas de sectores que desarrollan su actividad en exteriores (construcción, agricultura, jardinería…). El estudio concluyó que “en general, el estrés térmico se identifica de manera incorrecta y no se evalúa con metodologías específicas. Esto supone una infravaloración del riesgo que hace que las medidas planificadas resulten insuficientes o incorrectas, y pueda existir un riesgo para la salud de la población trabajadora expuesta”. Empresas que en su casi totalidad delegan la prevención en los servicios de prevención ajenos, de carácter mercantil.
Tras la pandemia nos preguntamos de cuántas pruebas se ha de disponer para que el Gobierno estatal cuestione el sistema preventivo actual mayormente propiedad de fondos de inversión y aseguradoras que, compitiendo entre sí al objeto de aumentar sus beneficios, abaratan costes a base de prestar un servicio mínimo insuficiente y precarizar las condiciones de empleo de sus plantillas.
¿Hasta cuándo los ministerios estatales de Seguridad Social, de Trabajo y de Sanidad van a mantener un sistema asistencial para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de naturaleza empresarial privada, como es el constituido por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social? Un sistema que minimiza la gravedad de las lesiones, subregistra las patologías derivadas del trabajo, presta una atención sanitaria sin derechos y es de naturaleza reparadora y no preventiva. Mientras, el sistema público de salud sigue ignorando su parasitación asistiendo sanitariamente a los múltiples daños derivados del trabajo desatendidos por las mutuas empresariales tales como cánceres, trastornos mentales, patología cardiovascular..., principales problemas actuales de salud pública. Y entre tanto los tres ministerios citados continúan desconsiderando la aplicación de la disposición final tercera de la Ley General de Sanidad que posibilita la inclusión de los recursos mutuales en el sistema público de salud.
Frente a esta exigencia de publificación del sistema de salud laboral las organizaciones empresariales celebran los avances en su apuesta por la privatización del sistema público de salud de mano de sus mutuas, amparadas en el llamado diálogo social.
El sistema de salud laboral ni respondió con eficacia a la covid, ni lo hace a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ni lo hará frente al cambio climático.
Es hora de que la prevención de riesgos laborales y la atención a los daños derivados del trabajo se hagan desde el sistema público de salud.
*Plataforma Navarra de Salud / Nafarroako Osasun Plataforma
