En 1946, cuando todavía las cunetas de España olían a sangre y plomo, la ONU condenó la dictadura franquista por ser “un régimen de carácter fascista, establecido gracias a la ayuda de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.
La respuesta del régimen no se hizo esperar. Franco convocó una manifestación “contra la perversa campaña desatada contra el gobierno del General Franco por los seculares enemigos de España, entre ellos el comunismo internacional y la masonería”.
Casi ochenta años después, muchas de aquellas cunetas siguen ocultando miles de huesos que un día fueron cuerpos que esperan liberar su memoria. Para eso se hizo, con sus más y sus menos, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, una ley contra la que tres comunidades autónomas; Aragón, Valencia y Castila León, gobernadas por un PP que apesta a Eau de Vox, han levantado un dique de contención para blanquear el franquismo articulando las llamadas “Leyes de Concordia”. Y son estas leyes, las que la ONU, a través de tres relatores, ha vuelto a condenar porque “Invisibilizan las violaciones de derechos humanos del franquismo” y porque “limitan el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Y es que en lo profundo de esas “Leyes de Concordia” anida aquel franquismo más bastardo, ese que no solo ignora el holocausto español, sino que banaliza su memoria y humilla a las víctimas, ahora equiparadas a los verdugos en honor a la concordia.
La respuesta a esta condena de la ONU dada por los tres gobiernos autonómicos parafascistas ha sido similar al escupitajo franquista del 46.
Juan García Gallardo, cuya falta de talento roza la genialidad, se pregunta: ¿quiénes son esos señores? Mientras Jorge Azcón asegura que: “lo que dice ese informe es mentira” . Vale chavales, solo os falta la manifa negacionista anti ONU y contratar a Netanyahu de relator autonómico. Con dos.
