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Vecinos del Ensanche denuncian "la instalación ilegal" de antenas de telefonía

aseguran que "las radiaciones no son un problema vecinal, son de sanidad pública"

Destacan que el Parlamento Europeo limitó las emisiones al 0,01, mientras que aquí el límite es de 450 microwatios

D.N. - Viernes, 12 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 07:24h.

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Merche Ros, Pello Perurena y Carmelo Santaolalla, junto al edificio donde van a colocar la antena.

Merche Ros, Pello Perurena y Carmelo Santaolalla, junto al edificio donde van a colocar la antena.

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pamplona. "Esto no es vecinal, es un problema social, un problema sanitario a gran escala que podría compararse con el del tabaco", aseguran Merche Ros, vecina del Ensanche; y Carmelo Santaolalla y Pello Perurena, miembro y presidente de la Asociación Navarra de Afectados por Campos Electromagnéticos (Asanacen) respectivamente.

La instalación "ilegal" de una nueva antena de telefonía móvil en un edificio del Ensanche ha sido la gota que ha colmado el vaso de estos vecinos que reclaman "algo que va más allá de quitar una antena". Así aluden a un problema que ellos consideran de proporciones considerables y al que, según cuentan, "no se le da ninguna importancia", que son las radiaciones electromagnéticas provenientes de sistemas de telefonía móvil y wifi. "Bien es sabido, y así lo demuestran diversos estudios internacionales, que las microondas que emiten estos aparatos son perjudiciales para la salud, hasta el punto de que pueden provocar enfermedades como la leucemia infantil, el cáncer o tumores cerebrales", cuenta Santaolalla, quien, junto a los miembros de la asociación, lleva doce años peleando porque se reconozca la peligrosidad de estas radiaciones.

"Existen numerosos países europeos que actualmente van mucho más adelantados y que ya están tomando medidas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia ha eliminado el sistema wifi al reconocer que era perjudicial para la salud", señala. Asimismo, el propio Parlamento Europeo limitó las emisiones a 0,05 microwatios por cm2, algo que en España se han saltado de manera muy grave al permitir emisiones de hasta 450 microwatios por cm2. "Está comprobado que sólo con el 0,02 ya se pueden producir perturbaciones graves del cerebro. No me quiero imaginar lo que pueden provocar nuestras emisiones", afirma el presidente de la asociación, quien asegura que, de hecho, el propio gobierno sueco ha declarado oficialmente que el 33% de su población es electro-hipersensible. Es decir, que ha desarrollado los primeros indicios de efectos de radiación.

"La solución no pasa por que todo el mundo deje de utilizar el móvil o el ordenador. Al contrario, existen sistemas ya inventados que permitirían evitar la radiación. En el caso de los ordenadores se solventaría con cableado, y en el caso de los móviles, las emisiones podrían ser del 0,01 y seguiría habiendo cobertura. Eso está demostrado, y de hecho, ya se está llevando a cabo en otros lugares del mundo", afirma el vecino Pello Perurena.

PRECAUCIÓN tecnológica La nueva antena del portal de Carlos III número 39 fue colocada de manera "ilegal". "La operadora ni siquiera tenía licencia. Pero eso les da igual porque saben que antes o después acabarán teniéndola. Eso es lo que hacen las autoridades, en vez de evitar las emisiones las facilitan", asegura la vecina afectada. Ésta se sumará a los centenares de antenas de móviles que ya han sido implantadas por toda Navarra. "El desarrollo tecnológico ha dejado de ser tal para ser un peligro de salud pública", afirma Santaolalla.

"Es inconcebible que aún sabiendo los perjuicios que esto provoca la gente siga haciendo caso omiso. Muchas personas no conocen el alcance de las emisiones, y las autoridades no mueven un dedo. Por eso pedimos que se siga el principio de precaución", explica el presidente. Dicho principio incluye la no legalización de antenas en trámite; la revisión de las ya colocadas en cuanto a valores de radiación, seguridad y distancia; la colocación de antenas sólo a 600 metros de la población y nunca en azoteas o tejados; la retirada inmediata de los sistemas wifi; y la revisión de la ley Foral en base a la Resolución del Parlamento Europeo y al informe Bioinitiave, llevado a cabo por un grupo internacional de científicos, investigadores y profesionales de la salud pública.

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